EDUCACIÓN, DEMOCRACIA Y SOCIEDAD CIVIL.

Aproximaciones de la teoría weberiana de la “dominación” a la actualidad política en Colombia.

“Inicialmente la democracia de élites

Pasó a democracia de masas; ahora,

Ésta va en curso hacia una democracia

De públicos.

(José J. Brunner, 1999.)

Weber parte de la creación de unos “tipos ideales” al momento de explicar cómo las motivaciones individuales de los hombres dejan de serlo para orientarse por pretensiones colectivas, es decir, sociales. Reconoce, pues, que estas “relaciones sociales” no pueden darse sin la imposición de unas pretensiones sobre otras; y sin que se establezcan, necesariamente, unas relaciones de “dominación”.

Vemos entonces que el autor propone tres “tipos de dominación” a saber: la dominación tradicional, la carismática, y la legal-burocrática (que según sus consideraciones es “el tipo más puro”). De igual forma, advierte Weber, que si bien los tipos de dominación pueden sobreponerse y presentarse en un solo caso los tres (aunque en diferentes proporciones), es característica fundamental del “Estado racional moderno” la presencia casi omnímoda del tipo legal-burocrático.

El problema al que nos enfrentamos en este momento, y según el norte que sigue este trabajo, es el de encontrar cual “tipo” prima en el sistema político colombiano pues, como se demostrará, -a pesar de que Colombia se catalogue como un “Estado racional” (en términos de Weber)- No es la dominación legal burocrática (en su concepción más pura).

Para este cometido se deberán analizar tres aspectos fundamentales del “accionar en sociedad”: la educación, como base legitimadora de las condiciones de dominación; la democracia, como orden regulador de éstas en un sistema constitucional; y la sociedad civil, como personificación del conjunto de individuos que legitiman las condiciones de dominación en este tipo de unión societaria.

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Para darle un orden lógico coherente a esta disertación partiremos de la sociedad civil hasta llegar al tipo de dominación por ésta legitimado y las condiciones bajo las cuales se permean las relaciones dominador-dominado.

La sociedad (en general) y la sociedad civil (en particular), están enmarcadas en un ámbito de relaciones que, desde la unión de dos individuos, actúa en función de intereses que se apartan completamente del particularismo y las ventajas y perjuicios que ello acarrea. De esta forma “el acuerdo entre los seres humanos no solo se logra como resultado de una tendencia natural a la armonía, sino también, y sobre todo, como resultado del conflicto, como un medio para resolver conflictos que de otra manera pondrán en peligro no solo la supervivencia de lo individuos particulares, sino de la sociedad [en Weber, comunidad] en general” (Bejarano, 1992); y es éste, precisamente, el papel que juega la sociedad civil en el Estado moderno: brindar a la convivencia en grupo un grado de seguridad tanto al exterior como en sus relaciones internas[1]. Así, se ha considerado que la creación del Estado, sentó las bases de la perfecta convivencia en grupo; sin embargo sus funciones, por el hecho de implicar la regulación de diferencias entre los individuos, se vieron tergiversadas por la necesaria imposición del poder[2]. Las dificultades surgen, pues, cuando los representantes de la dominación en el Estado (funcionarios públicos) violan las reglas forjadas por el consensus y generalizadas por la “constitución”. En estos términos, la unión de los individuos (como sociedad civil) ha surgido, y debe surgir, como “la necesidad de formas de organización autónomas (independientes) y capaces (autosuficientes) dentro de la sociedad civil [misma] con el fin de regularse… y resistir la intrusión del Estado” (Ibíd.).

Lo anterior aplica para un Estado constitucional en el que las garantías políticas de ese “complejo de interacciones” entre individuos “libres e independientes” llamado sociedad civil sea una realidad externa al puro discurso. Pero ¿Qué pasa entonces en un país en el que, como Colombia, el respeto por las normas del actuar en sociedad (legitimidad y legalidad de la dominación), plasmadas por el consensus en la “constitución política”, se conciben como una abstracción desviada de la realidad?

Es muy claro que un “Estado social y democrático de derecho” o, en palabras de Weber, un “Estado racional moderno” está demasiado lejos de ser lo que cada día salen a defender nuestros funcionarios públicos en los medios como un sistema de “democracia participativa”, cuando “la democracia participativa… implica que la participación es algo más que votar para elegir gobernantes” (Ídem.)[3]. La sociedad civil, entonces, no cumple su cometido solamente funcionando como Tal, sino que, por el contrario, debe organizarse a su interior en busca de un óptimo de eficacia frente a la legitimación de las condiciones mismas de dominación. Surge así un nuevo elemento (del cual podríamos apropiarnos para el desarrollo del trabajo pero que, por el contrario, solo se tocará muy someramente): los Partidos Políticos y el papel que juegan en la conducción de la sociedad civil hacia unas condiciones de democracia “real”. De lo que podemos declarar que “el equilibrio entre igualdad y libertad depende de la conservación de organizaciones que nutran las libertades locales y provean canales para la expresión de los intereses particulares. De tal forma, una sociedad civil pluralista y auto-organizada, independiente del Estado es una condición indispensable para la democracia” (Bejarano, 1992). Pero ni siquiera con esto se soluciona el problema. Weber mismo, muchos años atrás y con el pesimismo que lo caracteriza, anota cómo la “democracia” tiende a verse ensuciada (en su concepción más pura) por la orientación de los Partidos Políticos hacia unos beneficios particulares y su búsqueda de poder así: “…con la aparición de la lucha de los partidos por el poder, la democracia directa pierde necesariamente su carácter específico, que tiene la ‘dominación’ solo en germen. Pues todo partido es una organización que lucha específicamente por el dominio y, por consiguiente, tiene la tendencia –a veces oculta- a organizarse expresamente de acuerdo con la formas de dominación” (Weber, 2002). Es de esta forma como Weber nos conduce al meollo del asunto que tratamos; y es que -si se me permiten los términos- lo que muestra la “burocracia estatal” colombiana es una vulgar mezcla entre los sistemas patrimonialista, prebendario y su validación por un “supuesto” legal-burocrático.

Lo que en Weber es aliciente para considerar la democracia como ineficaz es el hecho de que el “aparato burocrático” elegido por la sociedad civil no está sujeto a unas normatividades de superioridad jerárquica que limiten su comportamiento, de esta forma los cargos burocráticos, como es el caso del sistema político colombiano, pierde la esencia de su fin último: quien nombra “desde arriba” lo hace por conveniencias y quienes eligen “desde abajo” persiguen fines particulares inmediatos que facilitan la regularidad de las prácticas corruptivas (politiqueras) generadoras de la tergiversación en el fin último de la burocracia weberiana*. Así “cuanto mas ocupados se encuentren sus miembros [los funcionarios públicos] en el trabajo lucrativo, tanto mayor será la tendencia que, en un caso de diferenciación social, tendrá el régimen de gobierno directamente democrático a convertirse en una jefatura de honoratiores” (Ibíd.). Es por eso que el “saber especializado” puede ser considerado dentro de la sociología de Weber como el germen de la dominación legal-burocrática. No obstante, los cargos burocráticos en Colombia, contradicen los supuestos lógicos de Weber: vemos, por ejemplo, como ya no es prerrequisito el grado de especialización para que un ciudadano ocupe un cargo público[4].

Ahora, si queremos hablar en términos de Weber sobre el tipo de dominación que rige el sistema político colombiano, adoptaríamos algunas categorías que dicho autor solo consideraba para “sociedades primitivas”. Paradójicamente, casi un siglo después, nuestra nación presenta muchas de estas características.

Cuando Weber habla de dominación tradicional como “la creencia en la santidad de los ordenamientos y los poderes señoriales existentes desde siempre”, toma este razonamiento como algo rigurosamente alejado del Estado racional. Hoy día vemos cómo la sociedad civil, carente del grado de “ilustración” (en términos kantianos), que debe presentar la “democracia real”, “obedece a la persona [que de manera poco contradictoria es un líder carismático] en virtud de su dignidad propia, santificada por la tradición” (Weber, 2002). En otras palabras, la tradición (al menos política) ha sufrido un arraigo en la sociedad civil colombiana en pro de otorgar el poder casi vitalicio a unos “partidos” (que irónicamente se consideran populares), al punto de seguir una lógica de santificación de sus representantes y encasillar el “sistema democrático” en una idea (de discurso para los dominadores, y de completo sinsentido para los dominados).

Solución a tan complejo problema formulado por Weber en cuanto a la ineficacia del sistema democrático y su intervención en las formas legítimas de dominación (especialmente en la legal-burocrática), fue dada otros tantos años atrás por Kant. Su viejo adagio “sírvete de tu propia razón. He ahí el lema de la ilustración” ha pasado de mano en mano y de boca en boca por muchos autores, y ha sido realmente “lema” para algunos mas. Pero servirse de la propia razón implica contar con ella.

Lo que garantiza a los mecanismos de dominación (cualquiera que ellos sean), su preponderancia es, obviamente, la forma como esta se legitime. De esto se sigue que los “dominadores” (llámese aparato burocrático, líder carismático, etc.) ideen nuevas formas, como ya se anotaba más arriba, para mantenerse en el poder haciendo uso de mecanismos diferentes a la coacción. El principal de ellos, las políticas educativas.

En la actualidad, podemos ver cómo la “educación” (cuando menos en Colombia) es vista, de acuerdo a las políticas en estándares para su “calidad”, como una institución de carácter secundario sin ninguna trascendencia para la formación misma de sus ordenadores políticos[5]. Si bien la educación ha estado sujeta a constantes reformas re-estructurativas a través de su recorrido por la historia de Colombia, dichas reformas han descansado sobre la aplicación de modelos educativos ajenos sin tomar en cuenta condiciones sociales, económicas… locales[6]. Y esto se vuelve un círculo vicioso; pues si no hay políticas educativas propias, no se pueden atender con las existentes los problemas reales que atañen al papel que juega le enseñanza en la sociedad. Así, en las innovaciones educativas del siglo pasado en Colombia “como las reformas de las estructuras y de la organización no habían resuelto los problemas de la enseñanza, se asumía que se requería de una lógica externa a los sistemas educativos. El único referente de éxito que pasaba en ese momento por la cabeza de los diseñadores de política era, sin ninguna duda, la gran empresa, el modelo de producción en serie” (Zambrano, 2005). De esta manera pasó la educación colombiana (y quizá muchas otras en Latinoamérica) de la formación “integral” de ciudadanos con necesidades y capacidades diferentes entre sí, a la generalización de los mismos. Los modelos educativos implantados en Colombia con base en políticas de “medición de la calidad” (llámese Fordistas o Tayloristas)[7] dejaron de lado la visión de “Escuela” como “creadora de hombres” y han orientado su rumbo hacia la estandarización de parámetros de calidad (competencias mínimas), mientras las ordenaciones lógicas que ven la formación de la sociedad civil y, en especial, de individuos con un grado de racionalidad e ilustración se quedan en el simple discurso: “la educación no es un proceso de cadena de montaje, con aumento mecánico de las aportaciones y elevación de la productividad. El modo de mejorar su calidad suscita cuestiones fundamentales acerca de los objetivos de la sociedad, la naturaleza de la participación en la toma de decisiones en todos los niveles y los propósitos mismos de la escuela como institución” (OCDE, 1991)[8]. Con lo anterior vemos cómo los sistemas de estandarización de la “calidad de la educación” se resumen en frase como la del profesor Zambrano: “el ministerio piensa y las instituciones educativas aplican” (Op. Cit.). La implicación principal que esto tiene es que a quienes realmente conocen las fortalezas y falencias del sistema educativo (docentes y estudiantes) no se les permite el acceso a la toma de decisiones en la reforma de éste. Se corta de raíz el pensamiento crítico acerca del sistema y se llega una y otra vez al problema de la ilegitimidad dentro de una disfrazada “legitimación” de la dominación legal-burocrática.

Simplificación (mediocridad) de la educación, orientación de las políticas educativas hacia la formación de “mano de obra calificada”, privación de la formación “humana” (moral) en el aula de clase… con esto “la pretensión de la política es que en la escuela no se discuta acerca de la sociedad y que se limite a desarrollar las ‘competencias’ que al final serán debidamente medidas en las pruebas de rendimiento académico” (Zambrano, 2005). Además de lo anterior, los problemas que se generan en la educación (entiéndase, Ilustración) de la sociedad civil colombiana están enmarcados en la protección de la vida humana y las garantías mínimas “de un orden social abierto y democrático” que no se puede controlar sin que sea ésta misma [la sociedad civil] quien genere sus propias políticas (educativas, sociales…).

En este punto podríamos enfocarnos en el pensamiento de Weber y decir que, de acuerdo a todo lo anterior, Colombia (y el supuesto Estado social de derecho que reza la constitución) se encuentra aún en el marco de una dominación de tipo tradicional de la que solamente se saldrá en el momento en que “la santidad de los ordenamientos y los poderes” se atribuya a las verdaderas leyes: aquellas soportadas en un consensus, no del uso del arma mas fuerte, si del “uso público de la razón” forjado en las aulas.

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[1] Quizás en esta forma lo pensaban los precursores del concepto Sociedad civil (Hegel, Marx…) al reconocerla como parte fundamental y de regulación recíproca de funciones frente al Estado.

[2] “Poder” que Weber considera como la “imposición de la propia voluntad” a través de la coacción física en persona de la fuerza pública.

[3]Ya he aclarado en otro lugar cómo la “democracia” no es un elemento sustancial en la teoría de la “dominación” de Weber, sin embargo pese a su condición histórica (formación del Estado social moderno) hace suficientes aclaraciones sobre sus limitantes debido a la “corrupción” del aparato burocrático. (Véase: V. Agudelo. “Martin Barker y el problema del ‘cuarto tipo’ en la sociología weberiana”.

* Para una mayor aclaración de esta idea leer (Weber, 2002 Pág. 179 Párr. 4.)

[4] Podríase pensar que es esto una muestra del carácter democrático “real” que está tomando el gobierno de nuestro país, contrario pues a las condiciones democráticas que conoció Weber. Sin embargo el muy nombrado caso del “concejal Lucho” hace evidente las nuevas armas (dominación simbólica) que los Partidos políticos están utilizando en pro de mantenerse en el poder manipulando la “moral colectiva” de las masas.

[5] El discurso que se da en los “altos bandos del gobierno” gira en torno a autocríticas sobre el manejo del país. Debaten sobre “gobiernos imperfectos” y “políticas reformistas”, olvidando que el problema yace en la manera en que se forman (intelectual, social y moralmente) quienes han de gobernar. El problema está en “la educación como base legitimadora de las condiciones de dominación.

[6] Condiciones que por lo regular siempre se dejan de lado al momento de adaptar las “genialidades” de los gobiernos extranjeros

[7] lo lamentable de estos modelos de medición de calidad aplicados en la gran industria norteamericana a principios del siglo pasado (y adoptados por las políticas educativas colombianas) es que “el sentido fundamental de la educación en la política de calidad educativa colombiana es subsidiario del resultado de unas pruebas que solamente miden el cuarenta por ciento del año lectivo y además dicen muy poco de la inteligencia de los niños, de su capacidad, de sus posibilidades reales en una sociedad que, como la colombiana, está marcada por su dificultad para construir un modelo societal civilizado e incluyente” (Zambrano, 2005).

[8] Es muy frecuente ver como en pruebas de generalización de “saberes” como las del Icfes, el nivel de la institución educativa (bajo, medio, alto) puede ser modificado de acuerdo a las “capacidades” de un solo estudiante.